martes, 12 de julio de 2016

SOBRE LOS COMISARIOS POLÍTICOS Y PODEMOS


La payasada del "día sin bañador" ha diluido, como era de esperar porque así se planificó, la creación de 118 agentes de barrio y juicios populares en los barrios de Madrid. Para una mayoría de las mentes secas lo anecdótico del bañador oculta una realidad más peligrosa, es parte del Estado espectáculo al que acuden con frecuencia los políticos y, por mor de las ventas, los medios de comunicación. La fase de asentamiento populista va tomando cara. Una faz que ya henos visto en otras ocasiones con resultados nefastos para la ciudadanía.

Primero analizaré la propuesta populista desde un punto de vista meramente técnico y económico, para posteriormente adentrarme en la sinuosa posibilidad político-ideológica del proyecto. Proyecto este que se suma a los grupos de barrio que controlarán el cumplimiento de la normativa municipal y autonómica en los distintos establecimientos lúdicos (en especial las terrazas). la propuesta de los podemitas consiste en la implantación de unos juzgados populares de barrio donde se diriman las disputas vecinales y las infracciones cometidas. De esta forma, dicen, personas sin recursos accederán a una justicia gratuita llevada a cabo por los propios vecinos y los infractores serán reeducados en base a la publicidad de los juicios y las charlas. Serán grupos de vecinos que, junto al agente de barrio, harán justicia. Ni son tribunales de arbitraje, ni jueces de aguas, ni jueces de paz (figuras jurídicas ya existentes), sino justicia popular. Además de esto, se nombrarán 118 agentes de barrio, dependientes de Alcaldía, que tendrán bajo su manto a la policía local y controlarán lo que suceda en el barrio. Al ser personas conocidas, argumentan los morados, asegurarán que los conflictos se reduzcan. Leyéndolo así parece hasta idílico. Pero se sostiene bajo una imposibilidad económica y técnica.

En primer lugar, contratar (a dedo) a 118 personas que tendrían una posición similar a un funcionario del grupo A, supondría gastar cerca e 40.000 euros en los salarios de cada persona. Eso supondría un gasto anual de 4.720.000 de euros solo en salarios. Obviamente estas personas deberán disponer de una infraestructura mínima para llevar a cabo sus funciones. Y qué menos que dispongan de un teléfono, un ordenador, una silla, una mesa, agua, electricidad, etc. Si a ello sumamos que los juzgados populares necesitarían también una infraestructura con al menos algún administrativo y algún asesor jurídico, esos otros salarios supondrían unos 6 millones más que añadir. Por lo pronto, el ayuntamiento de Madrid subiría sus gastos corrientes en al menos unos 15 millones de euros. Eso en un ayuntamiento que está ya sobredimensionado y con una deuda enorme. Si ya se quejaban los vecinos de la gran cantidad de asesores que existían, ahora habría que añadir 354 personas enchufadas. ¿No decían en Ahora Madrid que iban a acabar con los cortijos, los enchufes, los asesores y que iban a bajar los sueldos? De momento ni lo uno, ni lo otro.

Mas no solo lo narrado hasta aquí hace difícil su puesta en marcha, además hay una serie de inconvenientes técnicos que lo impiden. En primer lugar, el ayuntamiento no tiene competencias para crear tribunales populares. En segundo lugar, no se especifica la composición de los mismos (si será o no obligatorio ser jurado o no, y quiénes lo compondrían). Y, en tercer lugar, al carecer de potestad nadie está obligado a acudir por mucho que le acusen. Recuérdese que el arbitraje es de mutuo acuerdo, por ejemplo. Por tanto, no es más que otra muestra de demagogia barata (como los falsos presupuestos participativos) y una cortina de humo para implantar a los agentes civiles de barrio. Y es en este punto cuando entramos en el terreno político-ideológico.

Hay que decir que esos agentes, los cuales tendrían bajo su mando dotaciones policiales, no tendrían en ningún momento potestad per se porque no pueden dársela, ni el ayuntamiento tiene transferidas esas competencias. Por tanto, solo pueden ser agentes políticos al servicio del barrio y, esto es importante, de quien le paga. Porque esta propuesta no es más que una fórmula de agencia de colocación y de suministración de doctrinal barrial. Lo que pretenden crear son comisarios políticos que controlen lo que acontece en el barrio e informar a los superiores. Algo así como los vigilantes franquistas o los círculos de seguridad venezolanos.

La táctica transversal populista necesita no solo de demagogia y mesianismo (de esto hablaré otro día) sino de penetrar en las estructuras de la sociedad civil. El entrismo comunista del pasado no es suficiente porque solo es informativo pero no proactivo, esto es, adoctrinador. En este caso los agentes políticos tendrán la misión de adoctrinar, manipular y castigar dentro de la sociedad civil. Aquellas entidades que se presten a colaborar serán beneficiadas con distintas dádivas, y aquellas que se nieguen sufrirán las consecuencias mediante los tribunales populares, las sanciones del agente de barrio y el miedo. La finalidad es convencer por los medios necesarios. Por ese  motivo quieren dotarles de potestad policial. Para trincar a un manguta ya se valen los propios policías.

Al igual que ocurre con los vigilantes de terrazas y demás negocios lúdicos, se quiere crear una policía política paralela. Se adoctrinará mediante el palo y la zanahoria para conseguir el movimiento histórico que persiguen. La libertad quedaría subyugada frente a la política del miedo o la delación. No es de extrañar este tipo de actuaciones de Ahora Madrid (Podemos) porque el fin último del populismo es la negación de la política, su destrucción en favor del movimiento populista. O estas conmigo o contra mí. No hay alternativa ni diálogo posible. Todo lo que queda fuera del movimiento es lo perverso, lo corrupto, lo malo, lo que debe ser extirpado. La política en sí requiere del diálogo entre ciudadanos, no contra los mismos. Estos agentes del ayuntamiento obtendrían sumisión por convencimiento o combate. Desaparece, por tanto, la política y la ciudadanía.

Y esto es importante. el crear agentes para negar la ciudadanía en sí. Para los populistas el momento republicano no es la creación de ciudadanía sino de patria/país (léase a Laclau, Mouffe, Errejón y demás). El patriotismo es excluyente frente a la ciudadanía que es incluyente. Solo los patriotas, que suelen ser identificados con los de abajo y los excluidos del sistema, pertenecen al movimiento (peronismo puro y duro). Los demás quedan excluidos. No hay más que leer las conclusiones del Consejo Ciudadano de Podemos para observar lo que digo. Pervierten el republicanismo mediante el patriotismo populista. La ciudadanía es negada, porque incluye tanto a patriotas como no patriotas, y con ello se comienza a poner fin al fundamento del sentido de la política. Se la niega para abolirla. Y sin política solo queda el poder en sí y el culto religioso o carismático al movimiento histórico.

Se elimina la política y, por ende, la libertad y la justicia. Los agentes de barrio no son más que la punta de lanza del fin de la política y la era del populismo. Y pensar que el factio populorum lo que defendió fue el derecho a ser ciudadano romano de verdad. Hemos llegado a la perversión de las palabras, al mesianismo político y a la negación de la alteridad. Solo habrá una doctrina y moral posible, la del movimiento populista. Solo hay que leer sus textos para observar que esto es lo que quieren. Frente a ello solo cabe más ciudadanía y republicanismo político (que no tiene nada que ver con la II república española, por cierto). Más política, debate y deliberación. Destruir la política diciendo que se va a procurar más democracia es muy sencillo. Y que no les engañen el plebiscito no es en sí democracia directa (Pedro Sánchez también tiene esta manía), sino consulta directa.

Post Scriptum. He obviado del análisis los posible comportamiento mafiosos, generados por la propia persona o grupos de personas, que puedan provocar este tipo de políticas y acciones. Obviamente ese peligro existe pero no es achacable a la ideología en sí sino a la podredumbre moral de las personas (y más si son apoyadas por un relato mesiánico). El matonismo político sí deriva de factores ideológicos, los cuales he querido remarcar. Pero no se puede olvidar que se podrían dar casos de matonismo criminal si se abre la caja de Pandora.

lunes, 11 de julio de 2016

LA VÍA CANADIENSE DEL PSC



Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha reclamado la vía canadiense para solucionar el problema catalán. Frente a esta propuesta el PP ha denunciado que la solución solo pasa por la defensa de la soberanía nacional. Desde el PSOE, Guillermo Fernández Vara ha pedido que el PSC se deje de aventuras nacionalistas o que deje de ser un partido aliado. ¿Por qué tanta inquina? Porque la propuesta de Iceta es de una estupidez intelectual enorme. Solo plantea la vía canadiense para el posible referéndum de autodeterminación.

Soy de la opinión de que un referéndum de tales características, siempre y cuando se respeten ciertas circunstancias vitales, sociales y políticas, sin duda es una vía para la solución del conflicto. Ahora no se dan esas circunstancias en sí por lo que no insistiré en el tema. Pero sí quiero analizar esa vía canadiense, o mejor llamarla quebecois, para demostrar el engaño histórico de Iceta y sus corifeos.

La solución quebecois, la real, se fundamenta en un nacionalismo cívico o político por ambas comunidades, por un respeto basado en el multiculturalismo (como bien ha estudiado Will Kymlicka) y por una sociedad libre. Todos estos condicionantes no se dan en plenitud en Cataluña. Hace años, en el pujolismo político (sí, el de Andorra y el 3%), autores como Ferran Requejo Coll o políticos como Pascual Maragall defendían la existencia de ese nacionalismo cívico en Cataluña. Todo ello como respuesta, para evitar comparaciones, al nacionalismo cultural del País Vasco, donde ETA asesinaba por ser distinto. Y la gente lo creyó. Sin embargo, había un germen culturalista (porque utilizar racista no sería correcto lingüística y conceptualmente) y sometedor en todas las acciones que llevaban a cabo la Generalitat, las Diputaciones y las alcaldías. El nacionalismo bueno debía ser protegido (así pensaban algunos) frente al nacionalismo malo (lo mismo que pasaba en Cataluña, ocurría mientras tanto en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, ojo al dato). Pero ese nacionalismo bueno iba sojuzgando lo español poco a poco. Creando, de este modo, una sociedad exclusivista, culturalmente monocorde y antiespañola.

 Por eso defiendo que en Cataluña exista una "verdadera" vía canadiense. Esto es. Que toda la sociedad sea bilingüe y que cada cual elija su lengua vehicular durante su día a día libremente. Que puedan existir de facto colegios, institutos y universidades cuya lengua de uso sea el español (como McGuill y UQAM en Quebec), sin que estas instituciones sean perseguidas por ello. Que todas las señalizaciones sean en los dos idiomas. Que se pueda acceder a impresos oficiales en la lengua que cada ciudadano/administrado elija. Que los locales comerciales puedan rotular y utilizar el idioma que ellos deseen (en Barcelona se obliga siempre a rotular todo en catalán al menos, pero no se ponen esas trabas si rotulas en inglés o en pakistaní). Que, al fin y al cabo, exista libertad y respeto a ambos tipos de cultura. Eso no lo dice Iceta, porque al fin y al cabo no deja de ser parte de esa gauche divine que siempre ha estado en el poder, de esa burguesía progre catalana que realmente manda en el PSC. 

En Cataluña existe una carencia de libertad evidente. En nada se parece al modelo canadiense. Por tanto, aplíquese de verdad el modelo quebecois, sin persecuciones a lo español, antes de poder llevar a cabo un referéndum. Además, habría que hacer constar que gran parte de la deuda de la administración de Cataluña es producto de la imposición de lo catalán a toda la población, sin respetar la alteridad. Tantas subvenciones a canales de TV, radios, editoriales, etc., en catalán han costado muchísimos miles de millones a los catalanes. Si en vez de a esas cosas, se hubiesen destinado a las personas igual no estaban tan mal. España no roba, lo hacen los Pujol, los Más y el intento de que todo sea catalán. Si el modelo cívico de convivencia hubiese estado realmente presente igual las cosas hoy serían distintas. Además pregunto ¿los independentistas estarían dispuestos a respectar los derechos (lingüísticos, económicos, sociales, etc.) de los españoles que viviesen en una república catalana? Me da que no, porque lo mismo que ellos critican de España, es lo que hacen en su terreno político. Vayamos, entonces, a la vía canadiense de verdad, no a la imaginaria de Iceta y sus corifeos.